El Defensor del Paciente tramitó 375 consultas por supuestos casos de negligencia médica y hospitalaria durante 2007. El SAS recibió más de 300 reclamaciones patrimoniales. Los juzgados investigan media docena de denuncias por errores en operaciones de cirugía estética

RAQUEL RIVERA. MÁLAGA Los pacientes denuncian cada año en Málaga más de 600 fallos médicos o errores en la gestión de los servicios sanitarios. Se trata de consultas o reclamaciones efectuadas por los ciudadanos ante instituciones, colectivos o la propia administración de Justicia.
El Defensor del Paciente registró durante 2007 un total de 375 denuncias o quejas, según los datos de la memoria anual. Esta asociación calcula que el 40 por ciento de estos casos se investiga en los juzgados o por la vía administrativa. La organización alerta de que cada año aumentan las denuncias y que Andalucía ha sido la comunidad donde más se han incrementado las reclamaciones, con un total de 1.507.
Los servicios más denunciados son las urgencias, ginecología y obstetricia, traumatología, cirugía general y oncología. Entre las denuncias que recoge el Defensor del Paciente, figura el brote de legionella que se produjo en una torre del Club de Hielo de Benalmádena por el que murieron tres personas y otras 18 quedaron afectadas. También expone el caso de una persona a la que amputaron una pierna tras sufrir un aplastamiento en el pie debido, según la asociación, a las siete horas sin atención en las urgencias del Hospital Costa del Sol de Marbella.
Las quejas formuladas ante el Defensor del Paciente pueden derivar en denuncias por la vía penal, cuando se ha producido algún fallecimiento o lesiones en el enfermo; o por lo civil, en el caso de un perjuicio estético por una mala praxis. También pueden dar lugar a una reclamación administrativa, que resuelve el Servicio Andaluz de Salud (SAS), por una gestión deficiente del servicio o el hospital.

Denuncias. Las denuncias penales son minoritarias. El teniente fiscal de Málaga, Antonio Morales, explica que el año pasado se investigaron unos siete casos relativos a imprudencias médicas que derivaron en lesiones graves o muertes. Estos procesos se inician a raíz de la información que aportan los propios servicios médicos o la denuncia interpuesta por familiares de la víctima. "La mayoría de estos asuntos se refieren a una mala asistencia en las urgencias o el hospital. No se presta una atención adecuada al paciente y estos desencadena consecuencias graves", manifiesta el teniente fiscal. En segundo lugar figuran los presuntos errores médicos cometidos durante una intervención quirúrgica. Una muerte por negligencia médica se castiga con penas de entre uno y cuatro años de cárcel.
En cuanto a las reclamaciones patrimoniales, el SAS recibió unas 350 el pasado año por presunta negligencia hospitalaria. El abogado Manuel Temboury, experto en estos casos, indica que el plazo de resolución de estas reclamaciones puede alcanzar los ocho años. En estos procesos, se reclama a la administración una determinada cuantía por fallos en un servicio o en la organización sanitaria, y un consejo consultivo, integrado por médicos y abogados, emite un informe favorable o no a la reclamación pero que no es vinculante. Si la administración deniega la cuantía, se puede recurrir ante el juzgado contencioso de Sevilla. Los procedimientos civiles por daños estéticos o secuelas por un tratamiento o tras una operación se resuelven en un plazo de dos años.
Por su parte, el Colegio de Médicos de Málaga interviene en quince procedimientos penales y siete civiles.

Cirugía estética. El Defensor del Paciente denunció el pasado año una docena de casos de supuesta negligencia en intervenciones de cirugía estética, de los que la mitad se investiga en los juzgados. Encabezan los procesos relativos a operaciones de implante de mamas, le siguen la rinoplastia, quemaduras por fotodepilación, liposucción y, por último, blefaroplastia (restauración de párpado).
La mayoría de estos casos se tramitan por la vía civil, para reclamar una indemnización por un perjuicio estético, salvo en los casos de muertes, en los que se inicia un proceso penal por imprudencia profesional.

 
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La Opinión de Málaga
4/4/08